Las cuentas bancarias de Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, fueron congeladas por la Procuraduría General de la República (PGR), que investiga un desvío millonario realizado por su esposa y líderes de dicho partido a través de los CENDIS, centros educativos que en Puebla manejan en total opacidad los también petistas Mariano Hernández, Zeferino Martínez y Lizeth Sánchez.
Una acción similar se llevó a cabo en el mes de octubre en contra de la esposa del hoy investigado, Guadalupe Rodríguez, luego que se descubriera que había desviado más de 100 millones de pesos procedentes de recursos públicos y que habían sido asignados para la operación de los CENDIS, tales recursos fueron a parar a las cuentas personales de la implicada que tiene una investigación en curso.
Tanto Alberto Anaya como Guadalupe Rodríguez han manejado miles de millones de pesos del erario público, sin presentar informes a nadie, tanto para el financiamiento del Partido del Trabajo, como para diversos programas sociales, entre los que destacan los CENDIS.
Dichos centros son manejados por militantes del PT, reciben infraestructura y dinero público para ofrecer servicios educativos a niños provenientes de familias de escasos recursos, sin embargo dichas unidades educativas son manejadas como escuelas particulares, se cobran altas colegiaturas para su mantenimiento y se desaparecen los recursos públicos que les asignan.
Por si fuera poco, el personal que lo dirige y atiende no cuenta con la preparación profesional pertinente ya que son colocados familiares y amigos de los mismos dirigentes, la mayoría de ellos con estudios elementales de primaria y secundaria, como son los casos de las esposas de petistas que están al frente de los CEDIS en Puebla.
Algunos de ellos se hacen pasar como profesionistas con títulos falsos, como es el caso del regidor del PT, Marcelino Calzadilla García, quien presume y firma como "licenciado en derecho", egresado de la BUAP, cuando apenas concluyó estudios de secundaria, dicho servidor público enfrenta proceso penal ante la PGR y la Fiscalía General de Puebla, por usurpación de profesión, entre otros delitos.
La medida adoptada por la PGR se da a unos días de que las autoridades federales iniciaron una severa ofensiva en contra de actos de corrupción cometidos por dirigentes de partidos políticos envueltos en actos ilegales, como es el caso que develó una trama a través de la cual dirigentes del PRI habrían desviado 250 millones de pesos a las campañas de sus candidatos en las elecciones de 2016.
En tanto, Alberto Anaya, se dijo inocente y señaló que la afectación de sus cuentas bancarias no tiene sustento ya que se las congelaron solo porque es beneficiaria su esposa y que el dinero que tiene depositado en bancos es producto de sus "ahorros", no señaló a cuantos millones de pesos ascienden tales ahorros.