Tras ser extraditado de Panamá, la Procuraduría General de la República acusó de el lavado de dinero, al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, provocando un daño al erario público estatal por más de 900 millones pesos.
El exgobernador está acusado de la adquisición y venta de 22 predios, algunos de ellos, pertenecientes a la reserva territorial de la entidad que gobernó, usando empresas fachada, el acusado se reservó su derecho a declarar ante las imputaciones formuladas por la PGR.
Durante la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del exmandatario por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes procedentes de una actividad ilícita.
Respecto a los predios investigados por el Ministerio Público, estos se ubican en localidades como Cozumel, Chetumal, Tulum, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún e isla Mujeres y, según las investigaciones el exgobernador los utilizó para fines delictivos entre abril de 2011 y septiembre de 2016 en el estado de Quintana Roo, “ocultando los bienes procedentes de actividades ilícitas y realizado en conjunto con otras personas y basado en un plan común”.