Funcionarios de las áreas de Gobernación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla de administraciones pasadas, son investigados por el manejo secreto de más de 241 millones de pesos, recursos que fueron ejercidos a través de la denominada partida 3370 con la que presuntamente provocaron un daño patrimonial a las finanzas poblanas.
Lo anterior se desprende de la denuncia interpuesta por el actual Secretario de Gobernación de la entidad, David Méndez Márquez, ante la FiscalÃa Especializada en Combate a la Corrupción, entre los implicados destacan los nombres de sus antecesores, Diódoro Carrasco y Fermando Manzanilla.
En dicha denuncia se solicita a la autoridad ministerial iniciar investigaciones sobre el manejo de 241 millones 89 mil 406 pesos, mismos que habrÃan sido ejercidos sin la obligación de comprobar su aplicación, según reveló el periodista Arturo Luna en diversos medios de comunicación.
EstarÃan implicados 4 exfuncionarios de la SecretarÃa de Gobierno y 6 de la SecretarÃa de Finanzas de Puebla, que ejercieron funciones entre los años 2013 a 2019; además de los citados se mencionan también los nombres Luis Maldonado, Jorge Estefan y Jorge Benitez, entre otros.
En el documento se indica que desde mayo de 2013 hasta julio de 2019, ministraciones millonarias, a gusto y a petición de los entonces jefes de gabinete, fueron entregadas, pero sin que de su aplicación haya evidencia justificativa de su uso, lo que podrÃa haber causado un grave daño patrimonial a la hacienda del estado de Puebla, se dice.
Según consta en la denuncia, que detalla montos y fechas en que fueron entregadas, la cantidad citada fue manejada a través de un acuerdo de gobierno que establece que la citada partida no requerÃa de la justificación y comprobación de sus gastos.
La actual administración estatal que encabeza el gobernador Miguel Barbosa, solicitó la investigación correspondiente a la fiscalÃa bajo la consideración de que el uso de dichas partidas podrÃan representar actos que constituirÃan la comisión de los delitos de uso indebido de recursos públicos y ejercicio indebido del servicio público.
El uso del citado dinero público se estableció por medio de un acuerdo oficial que autorizaba a disponer de recursos financieros solo con el acuerdo del Secretario General de Gobierno, en casos de urgencia, riesgo y confidencialidad y sin necesidad de presentar comprobantes fiscales.