José Juan Espinosa Torres, diputado del Partido del Trabajo y expresidente municipal de San Pedro Cholula, donde actualmente destacados miembros de su grupo político ocupan cargos de primer nivel, habría pedido licencia a su cargo legislativo, en busca de eludir las denuncias en su contra, luego que la Auditoría Superior del Estado presentara pruebas contundentes de los presuntos delitos que habría cometido.
Distintas versiones apuntan que ya existiría orden de aprehensión en su contra y que podría ser detenido en cualquier momento, por lo que, con la intensión de sustraerse de la acción penal, habría intentado solicitar una licencia para dejar el cargo de diputado el pasado sábado, para abandonar el país, solicitud que fue rechazada por ser día inhábil.
Espinosa Torres llegó al cargo de presidente de San Pedro Cholula luego de ser diputado plurinominal, declarando tener un patrimonio de 3 millones de pesos, pero luego de ocupar ese cargo por 4 años y 8 meses y tras dos años de diputado reporta actualmente una fortuna mayor a los 100 millones de pesos, aunque algunas fuentes periodísticas aseguran que sus bienes en realidad son de doble de dicha cantidad.
El pasado 26 de octubre la Auditoría informó que el diputado petista fue denunciado por los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa, abuso de autoridad y simulación de operaciones con facturas apócrifas, con lo que habría desviado más de 100 millones de pesos.
Tales delitos los habría cometido durante su encargo el frente del gobierno de San Pedro Cholula y estarían involucrados quienes fueron sus principales colaboradores y que hoy son funcionarios de primer nivel del actual gobierno, entre ellos el mismo presidente, Luis Alberto Arriaga, así como Carlos Ponce, Miguel Vega, Juan Pablo Silva, Fernando Fierro, Eduardo Blanca, Marcelino Calzadilla, Gerardo Gallegos, Francisco Tinal, entre otros, así como quienes integraron el Cabildo que aprobaron sus respectivos estados financieros hoy cuestionados.
Dicha denuncia fue ratificada por la propia Auditoría Superior del Estado el viernes 30 de octubre, día en que el citado organismo hizo llegar los datos de prueba que contenían la respectiva certificación contable, un dictamen pericial y se solicitaba la realización de una inspección ministerial, según oficio acreditado en el proceso 752/2020/FCC/IU-A y dirigido a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Según versiones periodísticas, tras la ratificación de las denuncias contra José Juan Espinosa, se habría librado orden de aprehensión en su contra por una de las denuncias, hecho que incluso el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, habría confirmado a través de un tuit que después borró.
El mismo sábado, el todavía diputado intentó presentar una licencia para separarse del cargo legislativo, la que no le fue aceptada por tratarse de ser día inhábil, ante lo que dijo que haría el mismo requerimiento el próximo lunes, pero se le informó que en todo caso su solicitud podría ser recibida hasta el martes 3 de noviembre.
Las especulaciones en redes sociales se centraron en señalar que el involucrado intentaba salir de México con rumbo a Israel o algún país de Sudamérica donde no pudiera ser extraditado, lo cierto es que hasta el momento, José Juan Espinosa ha dejado de figurar tanto en sus redes sociales como en medios de comunicación desde el pasado viernes.
La última vez que se le vio fue el pasado jueves cuando realizó reuniones vecinales en Cholula con apoyo de funcionarios ligados a la Secretaria de Gobernación Municipal, antes organizó un carrusel de medios de comunicación para acusar al gobernador de perseguirlo por motivos políticos y realizó innumerables publicaciones en sus redes sociales con el mismo discurso.
