Los Presidentes de las Cholulas no tienen facultades para cancelar expropiaciones


Pese a que los Presidentes Municipales de San Andrés y San Pedro Cholula, Leoncio Paisano y José Juan Espinosa, a recomendación del Gobernador, Rafael Moreno Valle, informaron que quedaban suspendidos los procesos de expropiación de terrenos destinados a la construcción de los parques Intermunicipal y de las Siete Culturas, la decisión final y definitiva corresponde de manera exclusiva a los Cabildos de ambos municipios, por los que las autoridades ejecutivas no cuentan con atribuciones legales para proceder en tales términos.
Incluso la suspensión de tales expropiaciones no necesariamente cancela el proyecto de rescate y dignificación de la zona arqueológica de la pirámide de Cholula que propuso el Gobierno Estatal con los auspicios de los gobiernos municipales, solo cancela una de diversas vías para la adquisición de dichos predios, pues se puede recurrir a la compra-venta, como fue el caso de San Andrés, que según diversas versiones tenía ya perfeccionados contratos de por lo menos el 90 por ciento del área a intervenir.
Para el caso de San Pedro Cholula, el asunto es más complejo, dado que el proyecto está aprobado dentro del Plan Municipal de Desarrollo, que por ley debe guiar las líneas de gobierno, además hay ya un proceso en marcha que pasa por el análisis del Consejo Consultivo Ciudadano (CCC), el que recomendará los medios a seguir, así como los ajustes que desde la perspectiva de la sociedad se deban introducir o bien incluso su cancelación definitiva; en agenda, el CCC, tiene contemplado la realización de un foro ciudadano que podría encausar una amplia consulta ciudadana y en su próxima sesión deberá conocer a detalle un informe arqueológico que presentará el INAH.
Se prevé que en el transcurso de la semana ambos Cabildos sesionen y aborden el tema, es previsible que en San Andrés se resuelva reducir el proyecto original solo al espacio en el que ya no hay conflicto legal, en tanto que en San Pedro seguramente los regidores aprobarán realizar la solicitud para que la instancia competente declare todos los terrenos en disputa y colindantes de la zona arqueológica como área natural y cultural protegida y exenta de cualquier otro tipo de uso para evitar edificaciones o actividades que pongan en peligro el patrimonio arqueológico e historico que representa, como lo recomendó el CCC.
La autoridad colegiada de dicho municipio no requerirá, como es el caso de San Andrés, de suspender las gestiones expropiatorias, dado que dicha medida ya la había acordado desde la aprobación de la creación del CCC, en todo caso deberá otorgar un voto de confianza a dicho organismo ciudadano para que continúe sus trabajos y busque un consenso ciudadano para adoptar una resolución definitiva que podría consistir en mover el proyecto a otra región cercana y ajustar el concepto a las nuevas limitantes sin perder el objetivo de dignificación del lugar y el de construir un espacio propicio para el bienestar social y la protección del patrimonio histórico.
Por otro lado, quien tiene resuelta su parte, es el Gobierno del Estado, a quien corresponde la instalación de un museo de sitio de primer nivel y la puesta en funcionamiento de un tren ligero que correrá del mueso del ferrocarril en Puebla Capital a la pirámide que limita los dos municipios en cuestión, para el primero le bastará llegar a un arreglo económico que está en sus últimas negociaciones y para lo segundo ya cuenta con el derecho de vía, por lo anterior, y para no ofrecer mayor pretexto a sus detractores políticos, fue que recomendó que se desactivaran todo tipo de conflictos periféricos y que no hubiera un solo afectado.