En un intento por deslindarse del millonario desvío de dinero público orquestado por dirigentes nacionales del Partido del Trabajo, Héctor Quiroz, líder del PT en Aguascalientes, acusó a Guadalupe Rodríguez de utilizarlo para triangular recursos públicos declarando que desconocía el origen y destino de éstos y que él solamente viajaba a la ciudad de Monterrey cada vez que la esposa de Alberto Anaya, se lo pedía, firmando cheques, sin saber en que usaban en dinero.
No obstante lo anterior el petista quedó vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y se le comprobó que además de que servía como prestanombres, era parte de la trama para desviar recursos públicos destinados a centros educativos y que para ello contaba con 6 domicilios en las ciudades de México, Aguascalientes y Monterrey, tan solo de 2012 a 2016 realizó 269 operaciones bancarias con las que blanqueaban dinero.
Además de Héctor Quiroz, los mismos testigos del PT hundieron más a sus dirigentes ya que Josefina Saldaña y Marlene de la Vega, directoras de Cendis, presentadas por la defensa, dijeron que el implicado se encargaba de realizar los pagos de nómina y mantenimiento de los centros, pero cuando se les preguntó qué cargo ocupaba, dijeron desconocerlo y se deslindaron de sus acciones.
Héctor Quiroz es hasta el momento el único detenido por un presunto desvío de recursos de más de 100 millones de pesos, aunque enfrentará el juicio en libertad, ya quedó vinculado a proceso penal, no puede abandonar el país y sus testimonios permitieron que la PGR obtuviera orden de captura contra Guadalupe Rodríguez, quien es señalada como la principal operadora de tales actividades ilícitas.
Al respecto, el juez de control Gerardo Moreno García, consideró que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es procedente ya que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal resultaron suficientes para demostrar que Héctor Quiroz y al menos tres personas más, se beneficiaron ilícitamente de 100 millones de pesos que estaban destinados al mantenimiento y operación de 13 Centros de Desarrollo Infantil en Nuevo León.
En su resolución, el juez consideró que en estas acciones ilícitas podría haber responsabilidades de servidores públicos de Nuevo León, relacionados con la Secretaría de Educación Pública de esa entidad, ya que ellos “le dieron el carácter de ilícito al dinero, al aceptar que los recursos fueran transferidos a una cuenta particular a nombre de María Guadalupe Rodríguez, en lugar de dos cuentas bancarias aperturadas en Banorte", que correspondían a la asociación que maneja los Cendis.
Según la información aportada por el Ministerio Público Federal, en las cuentas que fueron abiertas para que en ellas se depositaran los recursos con los que operaría legalmente la organización y los Cendis, fueron intervenidas y en una de ellas sólo había 10 mil pesos y en otra cero recursos.
Resultado de peritajes contables se descubrió que las cuentas antes mencionadas prácticamente no operaban, sino que todos los recursos fluían a través de las cuentas de María Guadalupe Rodríguez. Durante la diligencia, los agentes del Ministerio Público señalaron que en dos cuentas personales de María Guadalupe Rodríguez se aseguraron 54 millones de pesos, y que no existen registros desde hace varios años del pago de impuestos por parte de esta organización.