Gobiernos de Calderón y Peña incurrieron en corrupción y sobornos por más de 500 MDP


Los expresidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña estarían involucrados en actos de corrupción y el uso de dinero ilegal, superior a los 500 millones de pesos, para realizar sobornos a través de Emilio Lozoya, según se desprende de una denuncia que este martes presentó él mismo, cuya información fue dada a conocer por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República.

El fiscal mexicano en breve comunicado informó que Emilio Lozoya denunció que durante el gobierno de Felipe Calderón la empresa Etileno XXI fue favorecida para recibir beneficios que le causaron graves daños a México, empresa que está vinculada a la trasnacional Odebrecht.

La denuncia de Lozoya revela también que durante la campaña presidencial del PRI en 2012 en la que Enrique Peña Nieto fue el candidato a presidente, se habrían canalizado 100 millones de pesos, provenientes también de la misma empresa, para pagar gastos de dicha campaña a través de asesores extranjeros, por órdenes del mismo Peña Nieto y de quien después fue su Secretario de Hacienda, es decir, Luis Videgaray.

Ya como presidente, Enrique Peña y Videgaray le habrían ordenado entregar 120 millones de pesos entre los años 2013 y 2014 para "comprar votos" a fin de obtener la aprobación de las reformas estructurales de ese sexenio, sobornos en los que estarían implicados inicialmente un diputado y 5 senadores.

Estos mismos legisladores y el secretario de finanzas de un partido político habrían recibido posteriormente 84 millones de pesos y luego otros 200 millones para la aprobación de la reforma electoral; en todos los casos no se mencionan los nombres directos de los implicados, empresas y partidos políticos, dijo el fiscal, hasta no corroborar tales acusaciones y por no estar al momento judicializado el caso.

Lozoya presentó para demostrar sus acusaciones a por lo menos 4 testigos, recibos de pago y un video, una vez que la denuncia siga el curso legal, la autoridad ministerial tendría que citar a declarar tanto a los expresidentes, como a los entonces legisladores implicados, así como a los dirigentes políticos y empresarios, éstos últimos vinculados con la empresa Odebrecht y sus filiales en México.